Escrit què he fet a la TV de Catalunya queixant-me del tancament de les emissions de la TV3 al País Valencià
(Francesc Camarasa )

Des de La Ribera Alta, comentar què ja estem farts de ser governats per uns polítics de "palma i pandereta" què sols saben manipular al poble què els vota sense cap escrúpol i per damunt del que faça falta, inclosa la llei.La imposició al tancament de les emissions de la TV 3 és un signe més de allò què entén el PP com a "democràcia" i així ens va al País Valencià.Si algun mèrit té el "molt honorable president de la Generalitat Valenciana don Francisco Camps, a partir d'ara l'innombrable" és que sap manipular com pocs al poble al què governa cobrint amb un gran i gruixut vel els ulls dels seus súbdits.El proper mes de maig, els valencians tenim l'ocasió d'enderrocar al "molt honorable" què està per damunt de tot (no us sona de res?), inclosa la justícia (com es pot presentar a unes eleccions un candidat què està imputat en diversos casos de corrupció?) L'única forma d'acabar amb aquesta dictadura europea del segle 21 és fer-lo fora en les properes eleccions, què ja està bé.

8/02/2011 :11:51

PREVIA SEGURIDAD Y SALUD

Esta mañana ha tenido lugar la reunión previa a la próxima reunión del Comité de seguridad y salud, prevista para el próximo viernes 25 de Febrero.
En la reunión se han estado repasando los comunicados de riesgo/incidente más antiguos, que todavía estaban pendientes de definir en sus actuaciones.
La verdad es que venimos observando por parte de la empresa una falta de "agilidad", ya que muchos de los temas en realidad se podrían arreglar fácil y rápidamente.
También observamos que hay una serie de temas en los que se reincide periódicamente, debido a que no se ponen soluciones definitivas. Os animamos a que sigáis reivindicando los temas, si por parte de la empresa no se consiguen soluciones duraderas. Por desgracia, tenemos que recordaros, que hasta que la acción planificada para solucionar el problema, no esté implantada y la persona que ha hecho el comunicado muestre su conformidad, no se puede dar un comunicado por cerrado. Debemos tener muy claro que los comunicados de riesgo/incidente, deben quedar cerrados por ambas partes. Le hemos recordado a la empresa que esto no es negociable y que se ha venido reflejando en las distintas actas del Comité de seguridad y salud, desde el mes de julio de 2010. En este sentido, recordaros también, que aunque un comunicado esté hecho por un jefe de turno, jefe de producción, etc... si nuestro nombre es el que aparece como persona que emite el comunicado, seremos nosotros los que deberemos firmar la conformidad y no cualquiera de las personas que nos ha " sugerido " la realización del mismo.
En último lugar, se le ha pedido a la empresa que adjuntase los comunicados de riesgo dados como cerrados, con el fin de comprobar si en realidad se encontraban firmados con la conformidad del emisor. Hemos podido comprobar cómo en algunos de ellos faltaba alguna firma o no era la firma del titular del comunicado. De todos modos no se han observado anomalias de importancia y esperamos que con el tiempo, y un poquito de interes, podamos llevar los comunicadods al día.

Anonymus ataca la web de la Generalitat por el cese de TV3

El colectivo de ciberactivistas anuncia nuevos bloqueos esta tarde en la que denominan 'Operación Valencia' - Sánchez de León tilda el ataque de "terrorista"

14:30 VOTE ESTA NOTICIA

LEVANTE-EMV.COM El colectivo Anonymous afirma en su Twitter haber conseguido bloquear en varias ocasiones esta mañana la página web de la Generalitat. Además los ciberactivistas han convocado esta tarde, entre las 19.30 y las 21.30 horas, un ciberataque para tumbar de nuevo la web, en la que han denominado 'Operación Valencia'.

"El gobierno valenciano ha cerrado un canal de televisión legal (TV3). Es inaceptable". Ese es el mensaje que se podía ver en la portada de la página web de Generalitat (gva.es) tras el ataque, junto a las directrices para contribuir esta tarde a atacar el sitio de la Generalitat y en la que se amenaza a nuevos objetivos.

La consellera portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, ha tildado los ciberataques como "terroristas" en la rueda de prensa posterior al pleno del Gobierno valenciano. La portavoz ha destacado que "la única censura, el único ataque y la única actuación delictiva e ilegal ha sido el ataque casi terrorista a la página web de la Generalitat", que ha conseguido "bloquearla". La portavoz de la Generalitat ha hecho hincapié en que se trata de un "hecho delictivo" que "ha bloqueado la acción ordinaria y el funcionamiento normal" del Ejecutivo valenciano y, por este motivo, ha anunciado que se va a "perseguir" para identificar a los autores.

En la rueda de prensa ofrecida esta mañana por Acció Cultural del Pais Valencià después de que el colectivo decidiera cerrar los repetidores que emiten la señal de TV3 tras "las amenazas de multa del Gobierno valenciano", su presidente Eliseu Climent ha mencionado las reacciones de protesta de Anonymus. "La movida realmente más impresionante es la que hay en este momento en Internet con cantidad de páginas en negro en una campaña llamada 'Sense Senyal'", ha celebrado. Además, ha afirmado que en Twitter este tema "es el primero del Estado y comienza a ser el primero de Europa porque no se entiende esta barbaridad en el siglo XXI"

Patatas fritas y cerveza belga para festejar la crisis política

Los jóvenes protestan con humor por el récord mundial de días sin Gobierno

DANIEL BASTEIRO CORRESPONSAL EN BRUSELAS 18/02/2011 01:00 Actualizado: 18/02/2011 03:15

Manifestantes belgas hacen un strip-tease, ayer en Bruselas, en la "revolución de las patatas fritas".F. Lenoir / reuters

Bélgica demostró ayer por qué es la capital del surrealismo. En Bruselas, a dos pasos del popular museo consagrado a René Magritte, un millar de estudiantes flamencos y francófonos se tomaron una cerveza, versionaron una canción de moda y se autoproclamaron protagonistas de "la revolución de las patatas fritas".

Fue una de las concentraciones salpicadas por todo el país para protestar contra el récord mundial de días sin Gobierno nacional, una marca ostentada hasta ayer por Irak, con 249 días de abismo institucional. "Fête et frites!" (¡fiesta y patatas fritas!), gritaba sin cesar un joven frente al Palacio de Justicia, donde se celebró la concentración de la capital. "Han querido que creyésemos que valones, bruselenses y flamencos no podíamos vivir juntos", algo que "es mentira", protestaba desde un improvisado podio una de las integrantes de la plataforma convocante No en nuestro nombre.

Renunciar al afeitado

En la capital se concentraron 1.100 estudiantes, según la Policía, o 2.500, según los organizadores. A ellos se sumaron varios centenares más en otras ciudades universitarias, por lo que la manifestación fue minoritaria e incluso marginal si se compara con las 35.000 personas reunidas sólo en Bruselas el mes pasado.

El tono de la convocatoria se inscribe en una serie de protestas extravagantes que incluyen la abstinencia sexual o la interrupción del afeitado masculino hasta que los partidos francófonos y flamencos se pongan de acuerdo sobre la reforma institucional. Sus desencuentros parten de las prioridades opuestas de los francófonos, que quieren una reforma menor, y de los flamencos, que piden un rotundo adelgazamiento del Estado federal.

Según Pascal Delwit, uno de los politólogos más respetados del país, la ausencia de nerviosismo se explica en parte porque Bélgica funciona "con relativa normalidad" sin Gobierno. Más allá de los sentimientos nacionalistas o unitarios de la clase política, la situación económica de Bélgica está fuera de la zona de peligro y tanto las regiones como las comunidades lingüísticas en las que se subdivide el Estado administran competencias clave para el día a día del país. Salvo el Presupuesto, "no hay grandes decisiones que tomar", reconoce Delwit.

Toxo asegura que gracias a los sindicatos la inmensa mayoría de los ciudadanos seguirá jubilándose a los 65 años

15-02-2011. El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, asegura que gracias a los sindicatos "la inmensa mayoría de los ciudadanos va a seguir jubilándose a los 65 años" y que el conflicto con el Gobierno seguirá abierto hasta que rectifique su reforma laboral.

Toxo con Julián Carretero, secretario general de CCOO Extremadura

Antes de intervenir en un gran acto de CCOO en Mérida, Fernández Toxo explicó que los sindicatos han logrado reconducir las pretensiones del Gobierno de extender la edad de jubilación obligatoria a los 67 años y que han conseguido que se configure un acuerdo que garantiza que el sistema público de pensiones se preserva.

Con este acuerdo, subrayó Toxo, se han sentado las bases de la sostenibilidad de este sistema en el futuro y se ha evitado que la gente tenga que acudir al ahorro privado para comprarse su pensión y todo ello en un clima de ataque brutal al sistema público de pensiones.

Aclaró que la ampliación a 38,5 años de la edad para recibir íntegramente la pensión de jubilación tendrá un impacto muy limitado y, en ese sentido, puso como ejemplos que, actualmente, el 73 por ciento de los trabajadores que se han jubilado en 2010 lo han hecho con carreras de cotización de más de 35 años, y que las jubilaciones anticipadas se hacen hoy en día con carreras medias de cotización de 36 años.

En cualquier caso, Fernández Toxo ha reconocido que los colectivos de los jóvenes y las mujeres "podrían ver deteriorada su futura pensión como consecuencia de la prolongación de la edad y de la ampliación de los años de cotización" y explicó que, ante esta situación, el acuerdo ha recogido medidas para dar solución a este problema.

Unas medidas como que en las prácticas formativas o becas no vinculadas a contrato laboral sea obligatoria que las empresas coticen, o que se amplíen de 112 días a 24 meses los periodos de cotización por nacimiento de hijos, lo cual "viene a compensar esa ampliación de los años de cotización necesarios", apuntó.

Estas y otras medidas introducen "elementos de equilibrio" en materia de reforma de pensiones, que se completará con la posibilidad de reducir la edad de jubilación para algunas profesiones consideradas de riesgo, tóxicas, de trabajos penosos o insalubres".

En definitiva, para Fernández Toxo, el nuevo acuerdo configura un sistema en el que la jubilación se producirá en una banda de edades de jubilación entre los 64 y los 67 años de manera flexible".

Un acuerdo con elementos positivos para Extremadura

Por su parte, el secretario general de CCOO Extremadura, Julián Carretero, considera que el Acuerdo Social y Económico firmado entre el Gobierno, sindicatos y la patronal, "puede venir muy bien para el futuro de Extremadura" si "supone de verdad un giro" a la política económica del Gobierno.

Carretero valoró especialmente la importancia que tienen para la región extremeña dos aspectos de este acuerdo social y económico, como son por un lado un sistema público de pensiones "que garantice la solidaridad interterritorial de una manera efectiva y fundamental".

Se trata de la denominada "unidad de caja del sistema", y que beneficia a Extremadura porque, según ha explicado Carretero, si en la actualidad la "caja" de la Seguridad Social estuviera "desgajada" por regiones, "sería imposible que en muchas partes de España, entre otras Extremadura, pudiera por si misma cubrir el conjunto del sistema de pensiones"

Por otro lado, este acuerdo cumple una "vieja aspiración del sindicato en Extremadura", como es la integración del régimen especial de trabajadores por cuenta ajena del campo en el Régimen General de la Seguridad Social, y que logrará que en Extremadura dejen de existir "trabajadores de segunda y trabajadores de primera".

Y es que en la actualidad el 21 por ciento de los trabajadores asalariados dados de alta en la Seguridad Social pertenecen al Régimen Especial de trabajadores por cuenta ajena en el campo.

El supremo arte de la guerra es doblegar al enemigo sin luchar.

Sun Tzu.

Urbaneja: Cambiar CNN+ por GH 24 es "como que te saquen los ojos y te meen en los agujeros"

El presidente de la Asociación de Prensa de Madrid critica duramente la política televisiva de Paolo Vasile al frente de Telecinco

Fernando González Urbaneja, presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid.EFE/ Alberto Martin

El presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Fernando González Urbaneja, aseguró hoy en el Foro de la Nueva Comunicación que el consejero delegado de Telecinco, Paolo Vasile, "es un tipo que habría que extrañar de España" por su ideario del negocio televisivo.

Durante una conferencia en este encuentro informativo, organizado por Nueva Economía Fórum, Urbaneja dijo que la decisión de Telecinco de ocupar la frecuencia de la extinta CNN+ por el canal Gran Hermano 24 Horas es "como que te saquen los ojos y te meen en los agujeros", y constituye "la metáfora" del modelo televisivo que propugna el empresario italiano.

"Que el personaje este, el Vasile este, sea el que lleve esto, es porque algunos pecados habremos cometido", afirmó. "Un tipo que dice que la medida de la ética la da la audiencia es un tipo que habría que extrañar (desterrar a un país extranjero) de España".

Qué me dices

El responsable de la APM también criticó la reciente sentencia emitida a favor de la revista "Qué me dices", en la que el Tribunal Supremo concluyó que a la prensa rosa no se le puede exigir "una precisión absoluta en su información", porque "posee un componente informativo en el que prima la finalidad de entretenimiento".

Para Urbaneja, los redactores de esta sentencia "no se enteran de lo que dicen". "Es como decirles a los compañeros de la prensa rosa que sois unos tontitos que hacéis cosas de baja calidad (...) Hago una invocación a los jueces para que las sanciones por mala práctica sean disuasorias; no puede ser que un programa que obtiene pingües beneficios por una mala práctica, cinco años después reciba una sentencia estimulante. Apliquemos aquí lo mismo que el Tribunal de la Competencia: que la sanción sea el doble del lucro obtenido".

LOS SINDICATOS Y LOS ACUERDOS SOCIALES

Joaquín Aparicio Tóvar, Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Universidad de Castilla - La Mancha

http://japariciotovar.blogspot.com/2011/02/los-sindicatos-y-los-acuerdos-sociales.html

Tras la firma del Acuerdo Social y Económico, CCOO y UGT han recibido ciertas críticas, algunas más que críticas auténticos insultos. La crítica es un ejercicio de libertad que hace más sana la vida democrática porque al aportar argumentos, permite ayudar a encontrar mejores soluciones a los siempre complejos problemas sociales para los que nadie tiene una solución mágica. El insulto no, porque al no aportar argumentos no solo no contribuye a buscar una solución sino que la dificulta. Por desgracia el insulto en la vida pública española es una pesada una herencia que lejos de debilitarse se está robusteciendo, a lo que no son ajenos tantos medios de persuasión convertidos en altoparlantes de exabruptos propios de las tertulias cuarteleras del franquismo, que en un país culto y democrático deberían estar erradicados.

CCOO y UGT son piezas esenciales de nuestra democracia. Lo avalan su historia y su presencia diaria en los centros de trabajo, y los trabajadores cada cuatro años de forma democrática lo valoran y les confieren la mayor representatividad haciéndoles superar los exigentes requisitos impuestos por la ley. Incluso la afiliación sindical no es tan baja como se dice (es más alta que en Francia, por ejemplo). Son, con enorme diferencia, las mayores organizaciones sociales de este país de tan poca cultura asociativa. Ni por su potente estructura organizativa, ni por la audiencia electoral tan extensa puede ponerse en cuestión su calidad representativa, como alguien en un evidente exceso ha llegado a hacer en estos días.

Los sindicatos, especialmente los más representativos, CCOO y UGT, son piezas esenciales de la democracia, como el art. 7 de la Constitución deja claro, porque sin ellos la democracia misma languidecería. Al no ser posible hoy una democracia directa, en las democracias representativas se abre una gran brecha entre representantes y representados, lo que da lugar, como decía N. Bobbio, a que sean poco representativas. Es necesario, por tanto, buscar vías para su mejora. La concertación social en la Europa posterior a la segunda guerra mundial ha sido una de ellas y en particular, en España. A través de los grandes sindicatos confederales se expresan y defienden intereses, no solo de los trabajadores afiliados, sino del conjunto de los asalariados en nuestra compleja sociedad pluriclasista. En el más noble sentido de la palabra los sindicatos confederales son sujetos políticos que, sin embargo, no aspiran a detentar el poder político. El Estado Social y Democrático de Derecho en que según el art. 1.1 de nuestra Constitución se constituye España no es posible sin ese papel de los sindicatos. Pero la Concertación social no supone el abandono del conflicto, como también la historia reciente de España enseña, es más, sin conflicto no es pensable la concertación.

Pero expresar esos amplios y grandes intereses de los asalariados (la inmensa mayoría de la población) no es tarea sencilla porque los sindicatos confederales deben proceder a una difícil tarea de mediación entre los múltiples intereses sectoriales o particulares (cuando no egoístas) de determinados grupos. Es falso presentar nuestra sociedad como una dividida de modo simplista entre insiders y outsiders en la que los sindicatos más representativos defienden a los insiders frente a los outsiders. La mera comparación con los sindicatos corporativos (pongamos el de controladores aéreos) es suficiente.

Mediar entre intereses complejos en asuntos trascendentales no es sencillo, como es el caso del Acuerdo Social y Económico de enero pasado. Especialmente no lo era porque el contexto es muy adverso a los intereses de los trabajadores. Estamos sufriendo un duro ataque al Estado Social y Democrático de Derecho. Los grandes poderes económico-financieros llevan desde años presionando para modificar radicalmente nuestro Sistema de Seguridad Social, no es nada nuevo. Pero ahora esos poderes han redoblado sus ataques con la renovada da alianza del Banco Mundial, el FMI, la OCDE, y ahora, la Comisión Europea. Han redoblado los ataques porque en Europa no se han encontrado frente a un sujeto político lo bastante fuerte como para impulsar una salida a la crisis que fortalezca los derechos sociales y limite o elimine los poderes de las oligarquías dominantes. La reforma de la Seguridad Social española no era de tan urgente necesidad como para que tener que cerrarse en el mes de enero de 2011. Era una imposición de los especuladores internacionales, como la Ministra de Economía reconoció (había que dar confianza a los mercados), con un guión escrito por la Comisión Europea. En su Libro Verde de julio de 2010, siguiendo las pautas marcadas en 1994 por el Banco Mundial, viene a propugnar dar un gran protagonismo a los fondos de pensiones gestionados por entes privados, a pesar de reconocer sus enormes pérdidas. Su modelo es establecer un sistema en varios pilares, uno público y obligatorio que garantice una pensión mínima muy baja, otro (u otros) de fondos de pensiones profesionales y obligatorios, pero gestionados por entes privados y otros de fondos de pensiones voluntarios individuales y gestionados también por privados. El resto de la historia ya es conocida: se redobló el bombardeo mediático para aterrorizar a la población sobre el futuro de nuestra Seguridad Social, porque como los mismos operadores financieros han reconocido, un buen funcionamiento del Sistema de Seguridad no deja espacio a los fondos privados.

CCOO y UGT forzaron una negociación denostada por los economistas orgánicos de la banca y las grandes empresas y por las autoridades económicas de nuestro Gobierno que, al abominar de la concertación social, mostraban la cara autoritaria y antidemocrática de sus propuestas. Casi con toda seguridad, sin la huelga general de 29 de septiembre la reforma de la Seguridad Social se habría impuesto de forma unilateral en una línea más próxima a los designios del Libro Verde de la Comisión Europea. Si, como dicen algunos de sus críticos, los sindicatos confederales defendieran a los insiders les habría sido fácil aceptar las propuestas de la Comisión dando prioridad a los fondos de empleo. Pero no han hecho eso, han mediado tratando de defender los intereses del conjunto de los asalariados que solo a través de un sistema como el nuestro de reparto se pueden garantizar. Han defendido nuestro Sistema que en tantos sentidos es modélico y que bien harían otros países en imitar. Claro está que sin una izquierda política a escala europea los sindicatos nacionales, y en concreto los españoles, están como un boxeador al que atan un brazo. En estas condiciones es razonable que se sopesase mucho la decisión de convocar una nueva huelga porque tiene un coste, sobre todo para los trabajadores que la hacen en una situación de altas tasas de desempleo.

El Acuerdo tiene aspectos positivos, el más importante que no pone en cuestión el sistema de reparto actual. El Sistema se refuerza, además, por la integración en el régimen general de los trabajadores agrícolas por cuenta ajena y las trabajadoras (porque la mayoría son mujeres) del hasta ahora régimen especial de empleados de hogar. También es importante y positiva la subida de las bases de cotización en el régimen especial de trabajadores autónomos, o que se consideren cotizados los periodos dedicados al cuidado de hijos que provocaron abandono del trabajo o los periodos de becas de los jóvenes por los que no se cotizó. Tampoco conviene pasar por alto que el periodo de carencia de la pensión de jubilación siga siendo de 15 años, pues su subida (como estaba previsto) habría expulsado del brazo contributivo a los trabajadores con carreras de cotización más cortas. También se ha evitado que se impongan los 67 años como edad pensionable general ya que hay varias edades de jubilación a partir de los 61 años. Pero negar que se han endurecido los requisitos para alcanzar el cien por cien de la pensión sería negar la evidencia. Por eso los argumentos que criticaban las propuestas del gobierno siguen siendo válidos. El Sistema tiene buena salud, pero no puede aceptarse la idea de la contributividad entendida como que la prestación tenga que ser proporcional a lo aportado por el sujeto individual. Eso, por mucho que lo digan los economistas liberales, no tiene nada de equitativo. Es introducir ideas propias de la capitalización en un sistema de reparto. Las aportaciones al Sistema han de hacerse, como hasta ahora, básicamente con cuotas calculadas sobre los salarios, pero no hay que cerrar la puerta (como no lo hace el actual art. 86 LGSS) a ingresos procedentes de impuestos, preferiblemente con adscripción finalista a la Seguridad Social, lo que implica no renunciar a un sistema tributario progresivo como quiere la Constitución. Y en el corto plazo la lucha por no reducir los niveles salariales (que es lo que esconden las propuestas tramposas de ligar salarios y productividad) es de vital importancia porque, no solo afecta a las rentas salariales de cada trabajador individual, sino que, dado el sistema de cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, afectará a la cuantía de esta última y, de paso, a los recursos de la Caja Común del Sistema

14-02-2011

En defensa del sindicalismo - PERE J. BENEYTO

Como analistas universitarios en el ámbito de la Sociología del Trabajo y de las Relaciones Laborales, asistimos con preocupación a una campaña sistemática de deslegi-timación del sindicalismo por parte de una derecha política y mediática que, si hasta hace poco impugnaba su estrategia dialogante y negociadora, tildándola de pactista y domesticada, ahora eleva el tono contra sus convocatorias reivindicativas y movilizadoras.

La derecha impulsa una sistemática campaña de desprestigio basada en tópicos, no en hechos

No se trata, lamentablemente, de reflexiones o propuestas sobre los efectos de la crisis económica y el cambio ocupacional en el mercado de trabajo, las relaciones laborales y los agentes que participan en las mismas; ni de una evaluación crítica de sus resultados, identificación de sus límites y elaboración de alternativas; sino de un discurso descalificador que, más allá de su sesgo ideológico y formas desabridas, apunta contra las bases mismas de la legitimidad constitucional de los sindicatos y sus funciones de regulación y defensa de los asalariados, en el marco de unas relaciones laborales asimétricas.

La combinación de viejos resabios reaccionarios con el doctrinarismo neocon genera una imagen distorsionada del sindicalismo real, caricaturizado como anacrónico, disfuncional, no representativo y muy alejado de sus homónimos europeos. Se trata de justificar así iniciativas y prácticas orientadas a reducir derechos y ampliar desigualdades sociales

La realidad del moderno sindicalismo es, sin embargo, mucho más compleja y su análisis riguroso nos permite constatar tanto sus dificultades para la agregación e intermediación de intereses de una clase trabajadora cada vez más fragmentada y plural, como el importante proceso de renovación de sus estructuras, estrategias y programas de intervención que la mayoría de las instituciones europeas, e incluso de los empresarios, valoran positivamente.

A nivel europeo, sus casi 60 millones de afiliados, hacen del sindical el mayor movimiento organizado de la UE-27, cuyo protagonismo en la construcción y defensa del modelo social ha sido y sigue siendo decisivo, como reconocen todas las instancias comunitarias.

Según los últimos informes oficiales de la Comisión Europea, la tasa media de afiliación sindical es del 25,1%, porcentaje que se dobla a través de la representación electoral en los centros de trabajo y triplica por la cobertura de la negociación colectiva.

Cuanto mayor es la afiliación sindical más competitivo y próspero es un país

Cabe destacar, a este respecto, la existencia de una significativa correlación positiva entre los niveles de sindicalización y los de competitividad económica y cohesión social, como demuestra el caso de los países escandinavos, cuyo alto nivel de desarrollo tecnológico y productivo se corresponde con tasas de afiliación superiores al 70% y una participación sindical consolidada, tanto a nivel empresarial como institucional. Y es que, definitivamente, un sindicalismo fuerte no resta, suma.

Pese a su tardío reconocimiento legal (artículo 7 de la Constitución de 1978), el sindicalismo español ha realizado importantes aportaciones al desarrollo democrático, socioeconómico e institucional de nuestro país, habiendo experimentado en las dos últimas décadas una notable expansión cuantitativa y renovación cualitativa, con la consiguiente convergencia con los principales indicadores comunitarios en la materia: desde 1990 ha duplicado el número de afiliados, hasta superar ampliamente los tres millones de adscritos, lo que supone una tasa media del 19,9%, según la última encuesta del Ministerio de Trabajo.

Esta importante presencia afiliativa se complementa con la audiencia electoral que, según el marco legal regulador de las relaciones laborales en nuestro país, confiere a las elecciones sindicales en los centros de trabajo, la función de determinar la interlocución de los trabajadores y legitimar la representatividad de los sindicatos.

En la actualidad son alrededor de 340.000 los delegados elegidos en las empresas, representando directamente al 52,8% del total de la población asalariada (lo que equivale a más de ocho millones de personas), e indirectamente al conjunto de los trabajadores, conforme al procedimiento legal de irradiación electoral.

Así pues, la intervención del sindicalismo español acredita una legitimidad de origen incuestionablemente democrática, por cuanto son las elecciones las que determinan la representación legal de los trabajadores tanto en las empresas (para la regulación y seguimiento de las relaciones laborales en dicho ámbito), como a nivel sectorial (negociación colectiva) e institucional (diálogo social), lo que amplía considerablemente el área de influencia sindical.

En nuestro país la negociación colectiva es de eficacia erga omnes, lo que implica que la práctica totalidad de los trabajadores tiene reguladas sus condiciones laborales básicas por convenios negociados por los sindicatos representativos, lo que exige, entre otras cosas, una considerable inversión de recursos económicos y humanos: tales como los 26.000 expertos sindicales que intervienen anualmente en la negociación colectiva, los más de 100.000 delegados de salud laboral que se ocupan de la seguridad y prevención de riesgos en las empresas, los 340.000 delegados que asumen la interlocución y defensa cotidiana de los trabajadores dentro y fuera de sus centros, lo que refuerza la legitimidad de ejercicio de la función sindical.

Conviene precisar a este respecto, como réplica a la demagogia antisindical sobre los mal llamados liberados, que según la Encuesta Europea a Empresas de 2009, los recursos de representación a que tienen acceso los delegados sindicales españoles son muy inferiores a los de sus homólogos europeos, tanto en formación ad hoc como en la cantidad y calidad de la información que reciben de sus empresas y, especialmente, en el tiempo disponible para el ejercicio de sus funciones representativas que, en el caso español, es cuatro veces inferior a la media europea.

Consideramos pues que, más allá de insuficiencias concretas y posibles errores, el sindicalismo merece el reconocimiento general por su gestión cotidiana en defensa de los trabajadores y por su contribución institucional a la modernización de nuestras relaciones laborales, especialmente ahora cuando los estragos de la crisis hacen más necesaria que nunca su intervención para la agregación y representación de intereses, la gestión del conflicto y la recuperación del diálogo social, hasta el punto de que si no existieran, habría que inventarlos.

Firman este artículo Pere J. Beney-to, Ramón Alós y Juan José Castillo, profesores de las Universidades de Barcelona, Valencia y Madrid. Lo suscriben también, Carlos Prieto (UCM), Enric Sanchis (UV), Pere Jódar (UPF) y Antonio Martín, Fausto Miguélez, Albert Recio y Teresa Torns (UAB).

http://www.elpais.com/articulo/opinion/defensa/sindicalismo/elpepiopi/20100925elpepiopi_4/Tes

Confederación Sindical de Comisiones Obreras. CCOO propone medio centenar de medidas para reducir la contaminación en las ciudades

Confederación Sindical de Comisiones Obreras. CCOO propone medio centenar de medidas para reducir la contaminación en las ciudades

EST@S SON L@S MIEMBR@S DE LA SECCIÓN SINDICAL DE CCOO EN AMCOR FLEXIBLES ALZIRA, QUE FORMAN PARTE DEL NUEVO COMITÉ DE EMPRESA, RESULTANTE DE LAS ELECCIONES DEL PASADO MES DE DICIEMBRE.
DESEAMOS QUE ESTA LEGISLATURA QUE AHORA COMIENZA, SEA UNA LEGISLATURA PROSPERA Y APORTE UNOS BUENOS RESULTADOS PARA LOS DERECHOS DEL CONJUNTO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE AMCOR ALZIRA.
POR NOSOTR@S NO VA A QUEDAR.

Desde la sección sindical de CCOO, estamos preparando la realización de unos cursos, de informática e inglés, dirigidos a nuestr@s afiliad@s.

Los cursos empezarían a realizarse en el mes de Marzo, los Sábados y con un horario por determinar entre los participantes de los cursos. También quedaría por determinar el grado de los mismos (Básico, medio…), según las necesidades de los participantes.

Cualquiera de nuestr@s afiliad@s que quiera inscribirse en alguno de los cursos, puede dirigirse directamente a cualquiera de l@s delegad@s de la sección sindical, o utilizar el correo de la misma: SS.CCOO.AMCOR@GMAIL.COM.

Aprovechamos también para recordaros que en el Aula Virtual de la página del Forem PV, podéis encontrar una amplia variedad de cursos, entre los que se encuentran los de la modalidad de teleformación, que se pueden realizar desde casa por internet, adaptándose así a los horarios y las necesidades de cada alumno.

Os animamos a tod@s a que participeis.

Un saludo.