LO QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOS DEFENSORES DE LA REFORMA LABORAL OCULTAN

Estamos asistiendo a una campaña de desinformación perfectamente orquestada por los defensores de la Reforma Laboral, para que el contenido real de la reforma pase desapercibido y, lo que es mucho más grave, que el alcance de las medidas aprobadas por el Gobierno, así como las que tiene previsto aprobar queden descontextualizadas. Mucho ruido y pocas nueces es la consiga.

En esta campaña de intoxicación se está mintiendo, se lanzan mensajes falsos y se acude al descrédito, miserable en muchos casos, de aquellas organizaciones y personas que denuncian el giro brutal en la política económica del Gobierno, apoyado por toda la derecha parlamentaria, los poderes financieros, económicos y la patronal, actuando como voceros la mayoría de medios de comunicación y la derecha sindical.

Resulta curioso comprobar que aquellos que nos jaleaban a CCOO y UGT, hasta no hace mucho, para que convocáramos una huelga general al Gobierno, ahora son los primeros en lanzar toda una ofensiva contra la Huelga General del 29 de Septiembre. Ahora alegan que la huelga deberíamos haberla convocado antes, que ahora es tarde.

El origen financiero de la crisis nadie lo discute, como tampoco nadie cuestiona que en nuestro país esa crisis ha sacudido con más virulencia que en otros países por la altísima dependencia de nuestra economía al sector inmobiliario, a la construcción y actividades auxiliares a los mismos. Sectores de generación rápida de un alto volumen de empleo, poco cualificado generalmente, pero que con la misma rapidez lo destruye, siendo este el motivo fundamental del crecimiento desorbitado del paro en este país.

La respuesta de la inmensa mayoría de gobiernos y países a la crisis financiera y bancaria fue acudir al rescate de la banca, rescate que, como mal menor, aceptamos desde los sindicatos. El cierre del grifo económico por los bancos ocasionó el derrumbe de la actividad económica en un tejido productivo como el español muy poco previsor, con escasez de liquidez, altamente endeudado y, en consecuencia, muy dependiente del soporte y apoyo bancario. Esto, unido al peso de la construcción en nuestra economía explica el paro galopante.

El Gobierno español, al igual que otros gobiernos, adoptó medidas de estimulo a la economía para intentar frenar la caída de la actividad económica (Plan E, estímulos fiscales, inversión en infraestructura y obras públicos, estímulos a sectores concretos como el automóvil, etc, junto con medidas de carácter social para atender las necesidades más urgentes de las personas que perdían su empleo y carecían o finalizaban el derecho a la prestaciones contributivas -los famosos 426 euros a los parados sin subsidio- o el derecho a la reposición del tiempo de desempleo agotado por un Expediente de Regulación Temporal-suspensión- de Empleo). Medidas que, bastantes de ellas, hemos propuesto los sindicatos

Cuando el principal problema era la falta de liquidez y de disponibilidad económica para las empresas y familias, cuyo resultado ha sido el enorme crecimiento del desempleo ¿Alguien sensato piensa que era el momento adecuado para convocar una huelga general? ¿Contra quién? ¿O acaso eran otros los intereses de quienes nos jaleaban? CCOO lo hemos dicho hasta la saciedad, apostamos por el dialogo entre los agentes sociales como la mejor opción para buscar soluciones compartidas que nos permitieran salir lo antes posible de esta crisis y con otro modelo de crecimiento y productivo basado en pilares sólidos, muy distintos de los pies de barro del modelo basado en la construcción. Asimismo, hemos manifestado que mientras el Gobierno no efectuara recortes sociales y buscara una salida a la crisis que no fuera contra los intereses de trabajadoras y trabajadores, por responsabilidad, no íbamos a convocar una huelga general.

A modo de ejemplo de nuestra firme voluntad por el dialogo y el consenso, podemos citar el Acuerdo de septiembre de 2009 para las Administraciones Públicas o el Acuerdo sobre la Negociación Colectiva para los años 2010-2012 firmado con la patronal en febrero de 2010.

Ahora bien, dicho esto, en mayo de este año el Gobierno da un giro radical a su posición anterior y apuesta como eje central de su política económica por la reducción del déficit y por llevar a cabo una serie de reformas que atentan directamente contra las trabajadoras y trabajadores, rompiendo con ello la senda del dialogo. Por ejemplo, al torpedear el proceso de negociación entre sindicatos y patronal en torno a la reforma laboral, anunciando que si no había acuerdo legislaría unilateralmente, provocando con ello que la patronal perdiera el escasísimo interés que había mostrado en esa negociación.

Las primeras medidas apuntaron contra las empleadas y empleados públicos, contra las personas pensionistas, contra la Ley de Dependencia, etc. Lo que provocó la convocatoria de huelga en el sector público y las administraciones públicas. Por cierto, es digno de leer el correo que CSI-F envió a las empleadas y empleados públicos de la Diputación de Valencia en el que después de hacer un llamamiento a la huelga en la función pública aconseja al personal de esa Diputación “cojerse” un día de asuntos propios. Esta a disposición de quién tenga curiosidad o dude de la verdad de esta información.

La Reforma Laboral auspiciada por el Gobierno y apoyada por toda la derecha parlamentaria es la mayor agresión a las trabajadoras y trabajadores de este país y que, curiosamente, parece insuficiente, sin explicar en que, a Díaz Ferran, patrón de patrones y empresario modelico, al principal líder de la oposición y a la derecha sindical, aunque no es difícil imaginar que reforma harían ellos.

Entre otras cuestiones:

• La reforma otorga una capacidad casi absoluta a los empresarios para decidir unilateralmente sobre las condiciones de trabajo en las empresas, alterando a su favor el equilibrio tradicional en nuestra legislación laboral entre los derechos de la trabajadora/trabajador y el empresario. .

• La reforma atenta muy gravemente contra el derecho y la capacidad de regular a través de la negociación colectiva las condiciones de trabajo.

• La reforma faculta a los empresarios a modificar y dejar de aplicar unilateralmente los pactos y acuerdos de empresa.

• Se facilita el descuelgue salarial. Es decir, el dejar de aplicar las tablas saláriales pactadas en convenio colectivo de ámbito superior al de empresa (sectorial, provincial, autonómico o estatal).

• La reforma no va a generar empleo, como ninguna otra reforma laboral, y menos cuando el problema del paro se debe a nuestro modelo productivo y a la falta de liquidez en las empresas.

• La reforma generaliza el contrato de fomento de empleo indefinido, existente desde 1997, cuya indemnización en caso de despido improcedente es de 33 días por año de servicio, con la voluntad de que sustituya al contrato indefinido ordinario (45 días por año de servicio), con lo que se llevará a cabo el efecto sustitución de este último contrato por aquel.

• La reforma supone una reducción del coste del despido a los empresarios, ya que el FOGASA pagará 8 días, tanto en los despidos procedentes como improcedentes. Por tanto, en un despido procedente el empresario pagará 12 días por año de servicio y el FOGASA los otros 8 días restantes.

• La reforma facilita y faculta el despido colectivo y el objetivo o individual por causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de perdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos. Hasta ahora la jurisprudencia había establecido que esas perdidas debían ser como mínimo durante dos años y desde luego no se contemplaba el despido preventivo o por reducción de los ingresos en la empresa.

• Se facilita que los despidos sean declarado mayoritariamente procedentes, reduciendo la capacidad de los jueces en la declaración de improcedentes o nulos. Es decir, se reduce la tutela judicial.

• Se añade como causa de modificación sustancial de las condiciones de trabajo (jornada de trabajo, horario, régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración, sistema de trabajo y rendimiento y funciones) la distribución del tiempo de trabajo, con lo que el empresario lo podrá modificar a su antojo, afectando al tipo de jornada, partida, continuada, jornada irregular dependiendo de la época del año, permisos, etc.

• La reforma supone que es más fácil y barato despedir que realizar una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, ya que con todo lo anterior el despido le supone al empresario 12 días por año de servicio, mientras que la no aceptación por el trabajador de la modificación sustancial que afecte a jornada, horario y distribución del tiempo de trabajo y régimen de trabajo a turnos le costaría al empresario 20 días por año de servicio.

• Además, ante la facilidad del despido se presiona a las trabajadoras y trabajadores para que asuman cualquier modificación de sus condiciones de trabajo.

• Se facilita el despido por falta de asistencia al trabajo, aún por motivos justificados, al reducir la media de absentismo en las empresas al 2.5%, con lo que en pequeñas empresas la propia baja del un trabajador por enfermedad puede provocar superar ese porcentaje y ser despedido.

• El incumplimiento por el empresario de los requisitos en los casos de despidos objetivos, ya no se considera despido nulo, sino en el mejor de los casos improcedente.

• Se reduce el periodo de consultas en los supuestos de movilidad geográfica y de modificación sustancias de las condiciones de trabajo de 30 a 15 días, dificultando con ello la posibilidad de negociar y acordar.

• Se privatiza la gestión de los servicios públicos de empleo otorgando la mayoría de competencias a las agencias de colocación con ánimo de lucro.

• Se amplia, en Expedientes de suspensión temporal, la reducción de la jornada entre un 10% y un 70% de la jornada.

• Se eliminan las restricciones a las ETT para actuar en las Administraciones Públicas. Será efectivo a partir del 1 de abril de 2011, con unos efectos imprevisibles y que pueden atentar contra los principios constitucionales de acceso al empleo público.

• La reforma no va a reducir la temporalidad elevadísima en nuestro país, todo lo contrario, ya que no se adoptan medidas encaminadas a ese objetivo.

Por si todo lo anterior fuese poco, el Gobierno ha anunciado que antes de final de año llevará a cabo la reforma del sistema público de pensiones, cuya medida más llamativa, pero no la única, consiste en elevar la edad de jubilación a los 67. Asimismo, se anuncia modificaciones en el sistema de protección por desempleo, comenzando por eliminar el subsidio de 426 euros.

• SI CON TODO LO ANTERIOR NO HAY MOTIVOS PARA UNA HUELGA GENERAL, ¿CUÁNDO LOS HAY?

• LO QUE ESTA EN JUEGO ES QUIEN PAGA ESTA CRISIS Y COMO SE SALE DE LA MISMA.

• PRETENDEN QUE PAGUEMOS QUIENES NO HEMOS PROVOCADO LA CRISIS, LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES Y CON PERDIDA DE DERECHOS Y COBERTURA SOCIAL

• Y PARA CONSEGUIR SU OBJETIVO NECESITAN DEBILITAR Y DESACREDITAR AL MOVIMIENTO SINDICAL DE CLASE, EL UNICO ESLABON ENTRE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES Y LOS EMPRESARIOS Y LOS PODERES ECONOMICOS, AÚN CON NUESTROS ERRORES