Pedregada constitucional y lluvia ácida laboral.

Posted: 2 septiembre, 2011 by ccooaragon in Sin categoría

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El techo constitucional al déficit se está convirtiendo en una tormenta de verano, pero de las que dejan profunda huella.

En una temporada de grave sequía, los que la han desencadenado la tronada (PP-PSOE) nos quieren convencer de que esta nos van a saciar la sed y va a reverdecer nuestra agostada economía. No nos dicen que no es lluvia regeneradora lo que nos traen, sino una enorme pedregada que pretende arrasar con el ya exiguo estado de bienestar, que el esfuerzo de varias generaciones ha ido construyendo en nuestro país.

La chapuza del acuerdo, su contenido, su oportunidad y el déficit democrático que señala, no la entiende ni dios. Es más que posible que no sea entendida ni por la mayoría de sus señorías que hoy la aprueban, con escasísimas rebeldías a las disciplinas impuestas por los aparatos.

Sabido es que el problema de España no es la deuda pública, soportamos una de las más escasa en nuestro entorno europeo. Lo realmente grave es la tremenda deuda inducida los pasados años por el sistema financiero en el sector privado; empresas y familias.

Más que sabido es que ya hay instrumentos legales que ponen límite al déficit en la elaboración anual de los presupuestos del estado. Por otra parte el Tratado de Maastrich ya señala un techo del 3% al déficit en situaciones normalizadas.

La reforma no es sino un nuevo “gesto” a los “mercados”.

Gesto inútil que no les va a saciar, porque la dinámica depredadora en lo inmediato no entiende de medios plazos.

Gesto irresponsable porque pone en serio riesgo, no solo el futuro de los servicios públicos y la viabilidad de algunas administraciones, sino el necesario estímulo a la economía privada en tiempos de crisis y por tanto a miles de pequeñas empresas y autónomos.

Gesto antidemocrático porque se hace al final de una legislatura agotada políticamente hace meses, con unos diputados elegidos bajo unos programas electorales que no contemplaban una medida de tanto calado político.

Gesto de sumisión a decisiones tomadas por estadistas de otros países.

Gesto incalificable de cesión de soberanía nacional, no en un proceso democrático de construcción política de Europa, sino al dictado de aquellos que están diseñando una salida a la crisis que deje un mundo más dual, con más fracturas sociales, más injusto, con unos pocos muchísimo más ricos, y con unos muchos terriblemente pobres.

Todo esto es grave. Y por añadidura, lo aparatoso de la tronada, hace que quede en segundo plano la lluvia ácida, que no cesa, de la reforma de nuestro mercado laboral; ahora con contratos de aprendizaje hasta los 30 años y con la supresión a los límites temporales a los contratos precarios. (Leer artículo de Pablo Castillo)

Y en noviembre votamos….¿que cabriolas tendrán que hacer algunos para seguir sosteniendo que son progresistas, de izquierdas y que sus propuestas van dirigidas al bienestar social?. Si no fuera por lo dramático de la situación, podría ser incluso divertido.

¿Qué pasa en la economía española?

Vicenç Navarro | Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra

nuevatribuna.es | Actualizado 27 Agosto 2011 - 11:29 h.

Lo que está ocurriendo en la economía española es fácil de entender. La economía no está creciendo y ello se debe a que la población ha dejado de comprar bienes y servicios como solía hacer antes y ello como consecuencia de que está profundamente endeudada. Las empresas también han disminuido su producción de bienes y servicios porque la demanda por tales bienes y servicios ha bajado, resultado de la disminución de la capacidad adquisitiva de la población y consecuente endeudamiento.

Paralelamente, el Estado está recortando el gasto público a fin de reducir el déficit público que erróneamente se considera la causa del escaso crecimiento económico. El dogma neoliberal al cual los establishments económicos, políticos y mediáticos se adhieren, postula equivocadamente que la causa de que la economía no crezca se debe al elevado déficit público.

Economistas neoliberales como Sala i Martín continúan machaconamente insistiendo en que el problema mayor que tiene España es lo que consideran excesivo endeudamiento público (“Crisis: liderazgo político”, La Vanguardia, 17/08/11), cuando en realidad, la deuda pública está por debajo de la media de la Eurozona. Es más, tal argumento que atribuye el problema del estancamiento de la economía al endeudamiento se olvida de preguntar ¿por qué la gente y el Estado están endeudados? Si se hicieran la pregunta y miraran los datos, verían que la capacidad adquisitiva de la población (la demanda doméstica) se ha ido reduciendo, y los ingresos al Estado han ido disminuyendo, en parte como resultado de la reducción de impuestos. Tales autores neoliberales parecen desconocer porqué los ingresos al Estado se redujeron y porqué la gente tiene que endeudarse.

Es interesante también ver el error o la falsedad del argumento que se utiliza para sostener la tesis de que la disminución del déficit y de la deuda facilitará a España a salir de la recesión. Se nos dice que el consumo de recursos por el sector público crea una escasez de fondos en el sector privado. Pero el problema que tiene el mundo empresarial es que el sector privado está estancado por la falta de demanda. De ahí la enorme importancia de estimular la economía mediante el gasto y el empleo público.

El paro empeora el problema de la demanda

No es pues de extrañar que la economía no crezca y que la tasa de participación de la población adulta en el mercado de trabajo continúe bajando, pues el número de puestos de trabajo que se están creando está descendiendo y el de puestos de trabajo que se están destruyendo está aumentando, con lo cual el número de personas en paro ha alcanzado unas cifras claramente alarmantes que determinan un enorme sufrimiento humano. Carles Muntaner i Joan Benach, dos investigadores de gran credibilidad y prestigio científico, el primero de la Universidad de Toronto y el segundo de la Universitat Pompeu Fabra, han documentado el enorme coste humanos que significa estas tasas de paro no solo entre la población desempleada sino también entre la población empleada creando una enorme inseguridad entre toda la población.

Pero además de ser un enorme problema humano y social, el elevado desempleo y baja tasa de ocupación en la población es un grandísimo problema económico. Contribuye a la disminución de la demanda y por lo tanto al estancamiento económico.

Frente a esta situación lo que el Estado debería hacer es estimular tal demanda y crear empleo. Ni los ciudadanos ni las empresas pueden ahora estimular la economía: lo tiene que hacer el Estado. Esto es lo que ha ocurrido siempre cuando un país ha estado en una recesión tan profunda como la actual, pareciéndose más a una depresión que a una recesión. Ocurrió así durante a la Gran Depresión de principios de siglo XX y durante el periodo post II Guerra Mundial en Europa. En ambos casos, los países salieron de la recesión a base de estimular la economía mediante el aumento del gasto público y la creación de empleo. En realidad, esta experiencia histórica demuestra que es impensable que se salga de una elevada recesión sin un enorme estímulo económico que el Estado tiene que liderar con un gran aumento del gasto público a fin de crear empleo.

El argumento en contra de tal alternativa, frecuentemente utilizado por autores neoliberales y conservadores, es que el Estado no tiene recursos, lo cual es fácilmente demostrable que no es cierto. Los Estados tienen recursos, lo que ocurre es que no los recogen.

España es un ejemplo de ello. El nivel de riqueza del país permitiría un mayor gasto público para estimular la economía y crear empleo. Pero no lo hacen. De ahí que sean los Estados de la periferia del euro (Grecia, Portugal, Irlanda y España) los que están en el centro de la Gran Recesión, con elevadas tasas de desempleo. Sus Estados tienen unos ingresos muy bajos resultado de unas políticas fiscales muy regresivas en los que la gente con más recursos y las rentas del capital no están contribuyendo como deberían (ver mi artículo en Le Monde Diplomatique, “No hay fatalidad, existen alternativas”, Agosto 2011, www.vnavarro.org). Y ahí está el problema. La situación en España es vergonzosa. Las grandes empresas pagan menos impuestos que las medianas y pequeñas empresas, y las rentas superiores gravan menos que las rentas medias y bajas. Según el informe del colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda, GESTHA, el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades de las empresas que facturan más de 180 millones de euros es 19,5%, cuatro puntos menos que el tipo efectivo de las empresas que facturan hasta 60.000 euros (23,9%). Un tanto semejante ocurre en el IRPF. A mayor renta, menor es el tipo efectivo. En total, la evasión fiscal de las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas fue de 42.711 millones de euros en 2010, lo cual representa el 71,8% de toda la evasión fiscal. Estos datos muestran que no es que no existan recursos. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge.

Otro argumento que también se utiliza, incluso desde sectores de las izquierdas, en contra de que se aumente el gasto público es que, aceptando que esto es necesario, creen que ello no puede hacerse en solo un país. Inmediatamente sacan del bolsillo argumentativo el caso del gobierno Mitterrand indicando que tal gobierno se vio forzado a renunciar a las políticas expansivas prometidas en su programa, pues estimulaba el consumo de productos importados pero no los exportados, empeorando la balanza de pagos. Pero muchos autores han mostrado que el problema de Mitterrand fue que se opuso al cambio del valor del franco, queriendo mantener el franco fuerte, con lo cual se perdió la oportunidad de incrementar sus exportaciones a costa de sus importaciones. En realidad España podría seguir unas políticas expansivas distintas a las de austeridad, si realizara la reforma fiscal que corrigiera su gran regresividad. El hecho de que esto no se haga se debe al excesivo poder que tienen los grupos con mayores medios, y su abusiva influencia sobre las instituciones mediáticas y políticas del país.

Represión sindical (29/07/11)

La precariedad consumada

Juan Rubio, Sevilla Actualizado 27/08/2011 22:00

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, repasa unos documentos antes de comparecer ante la comisión correspondiente del Senado. - J. M. Espinosa (Efe)

En sólo un año, la reforma laboral da todo un viraje. Si antes buscaba el empleo estable, ahora trata de generar empleo, aunque éste sea precario

La filosofía de la legislación sobre el mercado de trabajo ha dado en apenas un año un viraje de ésos que hacen historia. Si la reforma del verano de 2010 pretendía fomentar el empleo de carácter indefinido sin por ello penalizar el temporal, ahora es este último el que se impulsa al facilitar que se alarguen los contratos precarios (el encadanamiento) y extender el límite de edad para los de formación, de manera que un señor padre puede ser considerado un empleado aún en formación a pesar de rozar la treintena.

Se cumplen así dos sentencias radicalmente distintas. Una, la de los empresarios, que ya entonces declararon aquello de que esta reforma laboral no nos sirve, al no ser lo suficientemente flexible, y aquí flexibilidad debe entenderse como despido más barato y facilidad para desprenderse del trabajador cuando cambien las circunstancias de la empresa. Lejos de crecer la contratación indefinida, ha bajado y aumentado, en cambio, la temporal, sea por días, meses o años, enlazándose, pues, contratos, un proceder rayano en la ilegalidad. Y la segunda era de los sindicatos, que vaticinaban un fracaso de un cambio en la legislación laboral aprobada vía decreto y que, señalaban entonces, no transformaría en fijos los temporales y, pese al menor coste por despido -se generalizaba el contrato de los 33 días por cada año trabajado en detrimento del de 45 días-, no crearía siquiera más empleo.

Los datos oficiales revelan que unos y otros tenían razón y el Gobierno se ve ahora obligado a reformar de nuevo la legislación del mercado de trabajo estatal, pero dando esta vez más la razón a los patronos que a los sindicalistas, y aun así los empresarios siguen sin estar satisfechos, si bien avanza en sus peticiones, no en las de UGT y CCOO. Valeriano Gómez, ministro de Trabajo y quien presumiera de su cercanía a las tesis de las asociaciones obreras, no ha tenido más remedio que admitir -y justificar su viraje- que, en los actuales tiempos de crisis económica, es mejor un trabajo temporal que estar en el paro y, además, que cuando cambian las circunstancias, ha de alterarse la legislación laboral. Tiene razón el representante del Gobierno, aunque habrá que saber si se hará un buen uso y no un abuso de las facilidades de contratación, esto es, si su empleo estará justificado o si proveerá a las empresas de base legal para un encadenamiento de contratos y unos salarios de formación a los que hasta ahora habían recurrido con claros indicios de ilegalidad. Por ejemplo: el contrato en formación, como su propio nombre indica, se justifica durante la formación del trabajador, y no por la edad del mismo -ésta se amplía de 25 a 30 años-.

Como decíamos, el registro de los Servicios Públicos de Empleo canta ese fracaso de la última reforma laboral. En julio pasado, de los 1.349.286 contratos firmados en España (3,43% menos que en el mismo mes de 2010), tan sólo 89.911 eran indefinidos (el 6,66% del total), con un recorte interanual del 6,17%. Por sexto mes retrocedía la contratación de índole indefinida y sólo se registraba un alza entre las personas con alguna discapacidad, cuyos contratos se encuentran bonificados por la Seguridad Social.

En cuanto a los contratos temporales, que diminuyeron en un 3,23%, hasta los 1.259.375, experimentaron el principal crecimiento entre los de prácticas y en aquellos rubricados para sustituir a los empleados que se jubilaron anticipadamente.

En el caso de Andalucía, el número de contratos firmados el pasado julio -el decreto de reforma laboral fue aprobado en junio de 2010- se situó en 271.699 (0,75% más que en idéntico mes del año anterior), de los que 10.431 -sólo un 3,83% del total- eran indefinidos. El hecho de que esta comunidad autónoma muestre una porción menor que la media del Estado en empleo estable se debe principalmente a que las bases de su economía, el turismo y la agricultura, tienen un marcado componente temporal.

Y peor comportamiento en el caso de la provincia de Sevilla ya que los contratos indefinidos bajaron en ese periodo analizado un 8,4%, con 2.628, un 4,22% del volumen global de las relaciones laborales rubricadas durante julio pasado.

Por tanto, los cambios en la legislación laboral no han servido para su principal objetivo, el empleo estable, ni para el segundo, la creación de empleo. Así, en el último año el paro registrado se ha incrementado en el conjunto del país el 4,38%, hasta 4.079.742 personas, siendo el alza del 5,2% en Andalucía (908.548 personas sin ocupación) y del 7,04% en el caso de Sevilla (212.867).

Pero este rosario de datos tornan aún más negro al abordar el problema del desempleo juvenil, contra el que se orientan las medidas del Gobierno aprobadas en el Consejo de Ministros del viernes pasado. Así, la EPA (Encuesta de Población Activa) calcula que la tasa de paro de los menores de 25 años supera el 46%, y los Servicios Públicos de Empleo cifraban el volumen total en julio en los 418.898, si bien hay un recorte en el último año (-2,9%) gracias presisamente al mecionado auge de los contratos en prácticas y de formación. Y de 89.911 contratos indefinidos rubricados el mes padado, 7.811 fueron para menores de 25 años, con un retroceso interanual del 15,72%. En cambio, subieron los temporales. Y ni que decir tiene que los de formación y prácticas no son estables...

"Limitar el déficit en la Constitución acabará con el Estado de bienestar"

El politólogo Ramón Cotarelo critica lo que considera la "culminación" de un año de políticas neoliberales del Gobierno socialista

PATRICIA CAMPELO MADRID 23/08/2011 18:27 Actualizado: 23/08/2011 22:48

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Reformar la Constitución Española de 1978 para blindar el techo de gasto público a los sucesivos Gobierno es, a juicio del catedrático de Ciencia Política Ramón Cotarelo, "el fin del Estado del bienestar y de las políticas sociales".

En la línea de reacciones que ha desencadenado hoy la propuesta del líder del Ejecutivo, Rodríguez Zapatero, de introducir en la Carta Magna un límite presupuestario para reducir el déficit y la deuda, Cotarelo estima que esta medida es el "remate a un año de políticas neoliberales". "Los gobiernos europeos están obsesionados con el control de un déficit desbocado a través de recortes sociales", añade.

A juicio del profesor, con esta medida se trata de poner un freno para evitar que la actual situación económica se repita en el futuro. "La fórmula constitucional es el último recurso y políticamente tiene un significado malo ya que maniata a todos los gobiernos posteriores".

Cotarelo establece un marco comparado con Estados Unidos donde, desde los años 30, "llevan intentando introducir en la Constitución el techo de gasto, la última vez fue en la década de los 80 y por un voto no pudieron incluir la medida", subraya.

"Hay que permitir que la gente pueda opinar sobre la inversión del gasto"

Ateniéndose a las diferencias de presupuesto que invierten unos gobiernos y otros en función de su color político —"mientras la derecha ha gastado en armamento, la izquierda lo ha hecho en pensiones"— sugiere la opción de "elegir". "Hay que permitir que la gente pueda opinar sobre la inversión del gasto".

El catedrático de Ciencia Política también critica lo que considera una "técnica" de la derecha como es "endeudarse para ahora justificar" esta medida. "Hace un año Rajoy planteó que se reformara la Constitución pero, mientras, Francisco Camps endeudaba la Comunidad Valenciana", recuerda Cotarelo. Ahora, con la posibilidad de introducir límites al gasto público en la Constitución, Zapatero trata de "evitar el rescate financiero", pero a costa de "cargarse toda posibilidad de aplicar políticas keynesianas". "En épocas de recesión hay que aumentar el gasto público, si es necesario, endeudándose", explica.

Prohibido pensar

Rafael Fernando Navarro |

nuevatribuna.es | Actualizado 23 Agosto 2011 - 08:17 h.

“Lo malo es haber pensado”. Lo decía Ionesco, consciente de que el pensamiento se convierte en rebelión, en arma cargada de futuro como la palabra. Por eso los dictadores aplastan palabra y pensamiento como primera decisión de subsistencia. Nuestras falsas democracias denuncian también el pensamiento y la palabra. Los pisotea el poder del dinero, el aburguesamiento vital, la acomodación existencial. Los poderosos tienen siempre la necesidad de abortar el pensamiento porque tienen miedo a la resurrección de la palabra. Consiguen que nos sintamos contentos con el sometimiento a la moda, con la influencia de los medios de comunicación, con el abaratamiento de las corrientes de opinión. Dictaduras disimuladas, pero prohibición de pensar al fin y al cabo.

El Papa por las calles de Madrid. Avenidas de geranios laicos, pero de rodillas ante la blancura seda y oro del pontífice. Todos los continentes aplaudiendo al papamóvil. Madrid ardiendo de sol, de policromía racial, babel de asfalto y modernidad. Neptuno amarillo y blanco. Cibeles-hábito-azul. Arboles brotando rosarios. Vírgenes de espigas limpias, piel joven sin caricias de pecado. Respuestas aniñadas, infantilismos adultos con pañales de vergüenza. “El calor se soporta con la fe”. “Ver al Papa es un regalo de Dios” “Hemos hecho un largo viaje para llegar al corazón de los infieles”

Una semana de inundación humana. Muchas almas con acné juvenil, ebrias de adolescencia, erectas, necesariamente erectas como mitras episcopales. Reservada la sangre para cuando el matrimonio, guardados los besos para cuando las bendiciones, manos sin cuerpos para cuando Dios sea testigo. Semana de turismo, de menú barato, de transporte regalo de Esperanza, ambiente limpio de parásitos desinfectados por el Obispo Camino, con miedo a discrepar porque el arzobispo de Toledo los llama paletos, provocadores que dice Botella-Doña-Ana-Concejal. Curas sin afeitar, monjas con hábitos regionales-sección-femenina. Madrid, un gran parque sindical. Vertical, muy vertical. Papa-Príncipes y los gregarios JMJ.

Una semana entera. Sin ninguna reunión para poner ideas renovadoras en común. Ningún grupo de mujeres cristianas reivindicando un papel activo en la Iglesia, exigiendo su dignidad secularmente humillada, sus derechos, su influencia en el pensamiento renovador del mensaje cristiano. Daban pena esas mujeres, sometidas, eternamente sometidas, sin más aspiración que la obediencia debida. Africanos, latinoamericanos, asiáticos sin exigir una Iglesia profética que denuncie el hambre, la miseria, el analfabetismo de sus hermanos. Fraternidad de misa, rosario y via crucis. Fraternidad cómoda y aburguesada. Olvido sacrílego de los estómagos vacíos de sus pueblos. Sacerdotes, religiosas, entusiasmados con su celibato, con su virginidad, pero olvidados de los que allí se quedaron sin vacunas, sin agua, sin un trozo de pan y de esperanza. Juventud que disfruta de la visión papal como de un regalo de Dios, que soporta el calor con la fe, pero que no reclama ni se implica en la lucha por un futuro de justicia para sus pueblos. Nadie se ha reunido con mujeres maltratadas, con parados, con desahuciados. Esos han sido apartados por cuestiones de seguridad. Pueden manchar la blancura de la sotana blanca, apropiarse del oro de los pectorales, arrancar anillos para empeñarlos en el Monte de Piedad.

No han sentido la necesidad de comprometerse para comulgar con un mundo partido en trozos de pena. No son conscientes de que un dios aséptico, ajeno al devenir de nuestras angustias no puede ser nunca el Dios que puso su tienda entre nosotros porque quiso ser prójimo de la aventura humana. La Jerarquía dogmática, teocrática, dictatorial también ha prohibido pensar.

Papa. Cardenales. Obispos. Un millón. Dos millones. Es lo mismo. Había un hueco en la multitud. No estaba. No podía estar Jesús de Nazaret. También se sintió excluido. Prefirió compartir un trago de miseria con la mirada amortajada de Somalia.

Las difusas fronteras del acoso laboral

Un funcionario abroncado pública y sistemáticamente está sometido a 'mobbing' - El Gobierno ha definido las conductas que constituyen este trastorno - A veces probarlo es difícil

CARMEN MORÁN 22/08/2011

Se acabó la impunidad para las presiones y los insultos en el trabajo. El Gobierno quiere poner coto a estas situaciones, y ha publicado un protocolo de actuación sobre el acoso laboral en la Administración Pública. El documento, recogido recientemente en el Boletín Oficial del Estado, define algunas situaciones calificadas como acoso. Entre ellas "dejar al trabajador de forma continuada sin ocupación efectiva, o incomunicado, sin causa alguna que lo justifique" o "reprenderlo reiteradamente delante de otras personas". Hay más, pero determinar cuándo se está ante una situación de acoso laboral y cuándo no parece un ejercicio necesario para resolver un problema de líneas difusas ante el que la sociedad apenas está despertando.

• El acoso y la mala organización empresarial

• Un derecho y una inversión

"Llegaba llorando a casa un día tras otro", relata un afectado

Tener un parte de baja puede ser la puerta para una sentencia a favor

La mala organización del trabajo puede favorecer el maltrato

El acoso también se da desde los subordinados hacia sus jefes

"La prevalencia de los malos modos en el trabajo es tremenda, insultos, descalificaciones... Pero hay un tránsito entre el trato malo y el maltrato. Por eso esta normativa considera que actitudes como esa, cuando son reiteradas se convierten en acciones vejatorias", explica Julio Fernández Garrido, director de la Escuela Profesional de Relaciones Laborales de la Complutense. Una bronca a un trabajador delante de sus compañeros puede dejar el ambiente en un silencio tenso, pero "la sociedad está tan habituada a los modales groseros que a veces tiene dificultades para percibir esa frontera: ¿es algo que se ha hecho a la ligera, sin pensarlo dos veces, donde caben excusas, o se está ante un caso de acoso?", añade Fernández Garrido.

Esa frontera es difícil también para los médicos y para los jueces. Y para los propios afectados. "La forma extrema de acoso la están sufriendo alrededor de un 4% a un 5% de los trabajadores, según algunas encuestas europeas y nacionales. Otros lo sitúan algo más bajo. En esos casos hay un alto daño psicológico, estrés postraumático...", sigue Fernández Garrido. Pero también hay "denuncias equivocadas. Los casos de acoso no suponen más del 20% de lo que se denuncia, lo que no quiere decir que no haya excesos y actuaciones punibles desde el punto de vista laboral, pero no lo que se considera mobbing".

Como quiera que las circunstancias son variadas, si existe o no acoso, parece decidirlo finalmente una sentencia judicial. Bernardo García, abogado laboralista de UGT y especialista en estos casos, reconoce que llevar la defensa de los afectados entraña dificultades. "Son realidades complejas y el procedimiento judicial está pensado para un acto concreto. En una mañana hay que ventilar una situación que se viene produciendo a veces durante años. Se trata de una secuencia de acontecimientos y hay que hilar los eslabones de todo ello, porque el hecho aislado puede parecer baladí", dice.

Las sentencias que está habiendo son en ocasiones contradictorias. Y a veces, la existencia o ausencia de una baja médica puede inclinar la balanza a un lado u otro, cuando los casos son prácticamente similares. Ya hay abogados que han llamado a la puerta del Tribunal Supremo en busca de la unificación de doctrina. "Traté de que la baja médica por la angustia que ha provocado el acoso, calificado así por un médico especialista público, constituyera al menos un indicio, pero no es fácil. Si no hay baja, la dificultad se acrecienta, y todos los trabajadores no se toman la baja, aunque se mediquen, porque no todos tienen la misma fortaleza, o porque consideran que no deben dejar abandonados sus trabajos a pesar del sufrimiento", dice García.

Este abogado entiende que no es fácil para los jueces encuadrar unos criterios infalibles que determinen el acoso, pero también reconoce que, en ocasiones, parecen tenerle cierta alergia. "Yo a veces rehúyo la calificación de acoso. Prefiero relatar lo que le ocurre a la persona y decir que esa situación está afectando a su dignidad... Si cito el acoso el juez se pone en guardia y, después de todo, es él quien ha de calificarlo", dice García.

Es un asunto delicado; lo mismo que se oye por cualquier sitio eso de "este niño es hiperactivo" solo porque es inquieto en extremo, "el acoso también se ha vulgarizado", sigue García.

Pero haberlo, haylo. Y los casos que relatan los afectados son dramáticos. Trabajadores apartados de un día para otro de sus funciones habituales, desterrados a un pasillo con una mesa y una silla, sin ordenador, sin tareas, en otros edificios, solos. Los que amanecen con tres despertadores porque temen que cualquier retraso pueda ser utilizado en su contra. Y duermen porque están medicados...

"Llegaba llorando a casa un día tras otro; se me caían unos lagrimones en el trabajo... Pasé tres meses en casa con una depresión de caballo, yo, que nunca me había cogido una baja, que disfrutaba con mi trabajo, que echaba horas de más". Es un hombre de 43 años el que habla; casado, con hijos, de alta formación profesional e intelectual, cuya vida se ha convertido en un infierno para los suyos y eso que ya va sacando la cabeza.

El día que se levantó y vio que su cabeza no le permitía ir al trabajo se fue al médico. "Rompí todas las estadísticas de tiempo de atención a un paciente. Lloré y lloré. Iba buscando ayuda, pero me dio la baja, lo entendió perfectamente. Me dijo que no estaba enfermo, que tenía un problema de relaciones humanas que solo se acabaría cuando concluyera el tormento".

Este hombre es funcionario en un Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid. Un día cambió el equipo de Gobierno y él sobraba. Por si algo faltaba, protestó por unas plazas que se sacaron de forma irregular y que hubo que retirar. "Me trasladaron de edificio, me quitaron todas mis funciones, me encargaban cosas absurdas, me instalaron detrás de una columna y de un armario, no se me veía. Estaba solo, solo".

Pero lo que le queda, ahora que su caso está todavía pendiente de juicio, es la sensación de que los otros han ganado. "Los demás siguen en su sitio y yo ahora estoy en otra concejalía, tienes sensación de que la impunidad para ellos es absoluta. Sé que si hubiera estado en una empresa privada estaría en la calle. Y mira que me ofrecieron otros puestos para quitarme de en medio, pero no me pareció ético", dice. Al principio acudió al comité de seguridad y salud de su trabajo. "Fue horrible, el acosado parecía el acosador...", recuerda.

Sobre la dificultad de las víctimas para denunciar su padecer tiene algo que decir Gemma Sobrino, profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad Complutense y experta en acoso moral y violencia de género. "Las víctimas, cuando se deciden a dar el paso y contar lo que están sufriendo, se mueven por impulsos, cualquier burocracia puede suponer un obstáculo, es un esfuerzo añadido que puede llevarles a renunciar. Por eso, un buen protocolo para estas situaciones debe permitir que la denuncia sea también oral", dice. Eso es algo de lo que carece el recientemente aprobado por el Gobierno para la Administración General del Estado. Y no es lo único que falta, dice Sobrino. "El protocolo aborda casi de forma exclusiva los casos de acoso descendente, es decir, del superior al subordinado, pero no de los que pueden ocurrir entre compañeros, ni de los subordinados, clientes o pacientes hacia sus superiores, por ejemplo, los trabajadores que no acatan los mandatos del jefe porque no es jefe, sino jefa", explica. "O los profesores que sufren el acoso de los alumnos, o los médicos de los pacientes...".

Sobrino entiende que el hecho de tener un protocolo para la Administración General del Estado es motivo de aplauso, pero cree que este es "demasiado genérico". Julio Fernández Garrido también saluda la llegada de este protocolo y, aunque cree que todo es mejorable, considera que esos casos que deja fuera presentan "una incidencia mucho menor".

Desde el punto de vista sindical, el protocolo también es "insuficiente". "Puede que jurídicamente sirva para proteger al trabajador, sí, pero esto no debe abordarse desde un punto de vista individual, de hechos concretos, porque todos estos procesos responden a problemas de carácter organizativo de las empresas", asegura Pedro Linares, responsable del departamento de Salud Laboral de CC OO. "En el Código Penal existe el delito de riesgo aunque no haya daño". Se refiere a que se puede sancionar a un empresario por no proteger a sus trabajadores con un arnés o con máscaras para evitar inhalaciones peligrosas, por ejemplo. "Claro, eso en el plano psicológico es más difícil, pero tenemos que ir hacia eso, porque hay formas de organización del trabajo que son tóxicas", asegura.

También Fernández Garrido habla de un caldo de cultivo que se da en las empresas, "un escalón previo al maltrato", que tiene que ver con la cultura de "la sobreproducción, las plantillas que se recortan sin bajar la exigencia a los trabajadores que quedan, o subiéndola...". "En ambientes así, los comportamientos depredadores se pueden poner las botas", asegura. Y lanza una última alerta: "Ojo con esas empresas en las que se escucha: 'eso es imposible que ocurra aquí, tal y como somos, con las garantías que tenemos'. Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver".

El acoso y la mala organización empresarial

El Gobierno ha definido el acoso moral al trabajador de la Administración Pública en un nuevo protocolo. Constituye acoso cuando se da alguna de estas circunstancias:

- Dejar al trabajador de forma continuada sin ocupación efectiva, o incomunicado, sin causa alguna que lo justifique.

- Dictar órdenes de imposible cumplimiento con los medios que al trabajador se le asignan.

- Ocupación en tareas inútiles o que no tienen valor productivo.

- Adoptar acciones de represalia sobre los trabajadores que han planteado quejas, denuncias o demandas frente a la organización, o frente a los que han colaborado con los reclamantes.

- Insultar o menospreciar repetidamente a un trabajador.

- Reprenderlo reiteradamente delante de otras personas.

Una mala organización laboral puede estar relacionada con el acoso. Estas son algunas claves, según CC OO.

- La falta de definición de los objetivos, autonomía y responsabilidades en el ejercicio de nuestro trabajo y la falta de adecuación de la información que tenemos para hacerlo.

- El diseño de puestos de trabajo que implican un reducido o inexistente margen de decisión y autonomía respecto al contenido y a las condiciones de trabajo.

- La inseguridad en las condiciones de trabajo (temporalidad, distribución irregular de jornada, salario variable).

- La exigencia de hacer tareas que entran en conflicto con las normas y valores profesionales y personales.

- La competitividad como forma de relación entre compañeros frente a potenciar el apoyo y el refuerzo del trabajo.

- El diseño de puestos de trabajo aislados o que imposibilitan la relación con los compañeros.

- La ausencia de capacitación para gestionar personas y de preocupación por la salud y el bienestar en el trabajo de directivos, mandos intermedios y encargados también puede estar relacionada.

La reforma electoral pone trabas a los nuevos partidos

Las formaciones sin escaño necesitarán reunir en 20 días miles de firmas

MAITE INIESTA MADRID 22/08/2011 08:00 Actualizado: 22/08/2011 14:38

Más de 35.000 firmas en 20 días. Ese es el requisito que debe cumplir cualquier formación política que a día de hoy no tenga representación en el Congreso o en el Senado y quiera presentarse a las próximas elecciones generales en todas las circunscripciones del Estado. Esta es la condición que, sin hacer ruido, introdujeron los partidos que sí tienen escaños en la reforma de la ley electoral que se llevó a cabo el pasado 28 de enero por acuerdo de PSOE, PP, CiU y PNV. Una exigencia que pasó inadvertida para la mayoría de los ciudadanos y que ahora, a tres meses de las elecciones, las formaciones políticas extraparlamentarias denuncian por "antidemocrática", porque la mayoría de ellas carecen de medios para afrontar una recogida de firmas de semejante tamaño en tan poco tiempo.

El apartado 51 del artículo único de la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, exige a los partidos que no hubieran obtenido representación en ninguna de las cámaras en la anterior convocatoria de elecciones la firma de al menos el 0,1% de los electores inscritos en el censo electoral de cada circunscripción por la que pretendan presentarse. Y deben hacerlo, además, en los 20 días habilitados entre la convocatoria oficial de elecciones y la finalización del plazo para la presentación de las listas. Sin que, para mayor dificultad, ningún elector pueda prestar su firma a más de una candidatura.

Optimizar el sistema electoral

El intento de varias formaciones de paralizar el pasado febrero la reforma solicitando a la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, no surtió efecto. La responsable de esta institución defendió incluso la modificación de la ley en aras de la optimización y agilización del proceso electoral. Situar "las candidaturas presentadas en un volumen razonable y asumible" contribuirá además a "abaratar el coste económico de los comicios", razonó entonces Cava de Llano.

Según datos oficiales, el número de partidos políticos inscritos en el registro del Ministerio del Interior asciende a 3.245, aunque la mayoría no tienen actividad. La legislación anterior facilitó que en las elecciones de marzo de 2008 se presentaran 97 candidaturas diferentes. Pero con la entrada en vigor de la nueva ley sólo 11 formaciones políticas tendrán asegurada su presencia en las elecciones generales.

Para hacer frente a esta situación, algunos partidos han comenzado a agruparse en torno a una plataforma digital (yoavalo.org) en la que no sólo buscan dar a conocer la reforma de la ley, que tachan de antidemocrática y una nueva traba al pluralismo político, sino que también tratan de conseguir apoyo para preparar la inevitable recogida de firmas que se les viene encima. En el caso de Madrid, por poner un ejemplo, cada partido extraparlamentario deberá reunir 4.500 firmas si quiere tener derecho a que la suya sea una de las papeletas presentes en los colegios electorales del 20-N.

Un obstáculo a la pluralidad

A falta de tres meses para los comicios, la Junta Electoral Central (JEC) ni siquiera ha comunicado cuáles serán los requisitos para la verificación de las firmas. La JEC "se ha negado a concretar los requisitos exigibles a las fuerzas extraparlamentarias", denuncia Esteban Cabal, portavoz de Los Verdes.

Desde Equo, Pepa López, responsable de Comunicación, destaca el hecho "paradójico" de que los partidos tradicionales "blinden el bipartidismo justo cuando millones de personas indignadas salen a la calle reclamando precisamente que se abra la democracia". Detrás de la reforma, subraya, no está la racionalización de los costes, sino el deseo de los partidos tradicionales de "mantener su situación de privilegio".

Ángel Vázquez, secretario general del Partido Pirata e impulsor de la iniciativa yoavalo.org, denuncia que la medida condiciona su estrategia electoral "y ocasiona enormes costes logísticos, económicos y humanos a partidos pequeños".

Estabilidad versus pluralismo

Algunas voces, sin embargo, se muestran comprensivas con la reforma. Jaime Ferri,profesor titular de Políticas en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), apela al modelo parlamentario electoral español para justificarla: "Se hizo conscientemente así para no repetir errores del pasado", explica. "Se eligió un modelo menos representativo, donde no se necesitaran grandes coaliciones para gobernar, opuesto, por ejemplo, al sistema italiano", recuerda.

Benito Aláez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, reconoce que la reforma "aumenta las limitaciones para que los ciudadanos entren en el sistema y favorece la permanencia de los políticos profesionales", pero también comprende las razones de los promotores de la medida. "Es una reforma de tendencia racionalizadora que busca estabilidad parlamentaria, aunque no avanza en una mayor democratización del sistema", admite.

Las opiniones, sin embargo, están lejos de ser unánimes. Hay también quien ve en la reforma un nuevo obstáculo a la representación real de los ciudadanos. "Todo lo que limite la posibilidad de que los partidos se presenten a las elecciones es una traba al pluralismo y la democracia", afirma rotundo Fermín Bouza, catedrático de Sociología de la UCM.

Enrique Álvarez Conde, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, no duda en calificar la reforma de "barbaridad", aunque no cree que sea inconstitucional. "Existen otros preceptos en la ley en los que se trata de forma desigual a los distintos partidos y no son inconstitucionales", argumenta.

Los partidos opinan

- EQUO: "Busca mantener el statu quo". Pepa López, responsable de Comunicación de Equo, valora negativamente la reforma y acusa a los partidos tradicionales de querer “blindar las democracias para sus intereses y mantener el statu quo”. “Es un nuevo límite a la participación ciudadana”, opina.

- IZQUIERDA ANTICAPITALISTA: "Auténtico escándalo democrático". Raúl Camargo, de Izquierda Anticapitalista, considera que estamos ante un "auténtico escándalo democrático" y no sólo por el contenido de la reforma, sino por el modo en que se ha hecho. "El método ha sido oscuro, no se ha dado ninguna publicidad".

- LOS VERDES: "Limita la necesaria pluralidad política".Esteban Cabal, portavoz de Los Verdes, opina que esta reforma limita la “necesaria pluralidad que ampara la Constitución”. Critica, a su vez, las trabas administrativas asociadas a ella. “Implica una tremenda dificultad por la brevedad del plazo”, explica.

- PARTIDO PIRATA: "Dificulta la estrategia electoral". Ángel Vázquez, secretario general del Partido Pirata, denuncia que la reforma “dificulta la necesaria planificación de cara a la cita electoral”. También insiste en que se institucionaliza el “desprecio a los nuevos partidos”.

- REPÚBLICA VALENCIANA. "Consolida un sistema bipartidista". Víctor Baeta, del partido independentista República Valenciana, cree que con la reforma “se pactó una estrategia que consolida el bipartidismo”. Además, opina que, con esta medida, “se está cercenando la democracia”.

Lo que debes saber sobre las identificaciones policiales en la calle

Resumen de lo que indica la Ley en relación al cómo, cuándo y por qué un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puede requerir que te identifiques mientras circulas por la vía pública, y las obligaciones que ellos tienen para con los ciudadanos.

Durante los últimos meses estamos asistiendo a una inusual actividad policial en nuestras calles: manifestaciones, reuniones, quedadas, acampadas, concentraciones; por la red circulan un gran número de videos donde se muestra a diversos miembros de los cuerpos de policía requiriendo identificaciones y en algunos casos aparentemente de forma aleatoria y arbitraria así como violenta.

Con el objeto de aclarar un poco qué es lo que indica la Ley en materia de identificación policial aquí hacemos un breve resumen de las diversas leyes aplicables al caso:

1º: Principios generales: según el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LOFCS) en toda actuación policial deben respetarse los siguientes elementos:

• a) Adecuación al Ordenamiento Jurídico; aquí dice la LOFCS expresamente que se debe actuar con “absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza, religión u opinión”.

• b) Relaciones con la comunidad; aquí dice expresamente la LOFCS que se debe impedir “en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral“. Añade: “Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos, a quienes procurarán auxiliar y proteger”.

• c) Tratamiento de detenidos, que dice expresamente la LOFCS que “Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán identificarse debidamente como tales en el momento de efectuar una detención”.

Es importante retener estos tres elementos esenciales de toda actuación policial.

En relación a la identificación de personas en la vía pública, tenemos expresamente:

2º: El artículo 20 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (LOPSC), este artículo viene a decir lo siguiente:

• a) Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán requerir, en el ejercicio de sus funciones de indagación o prevención, la identificación de las personas y realizar las comprobaciones pertinentes en la vía pública, siempre que el conocimiento de la identidad de las personas requeridas fuere necesario para el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad que a los agentes encomiendan la presente Ley y la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

• b) ¿Qué pasa si una persona no se identifica o no lleva identificación?; lo prevé también el artículo 20 de esta Ley: de no lograrse la identificación por cualquier medio, y cuando resulte necesario a los mismos fines del apartado anterior, los agentes, para impedir la comisión de un delito o falta, o al objeto de sancionar una infracción, podrán requerir a quienes no pudieran ser identificados a que les acompañen a dependencias próximas y que cuenten con medios adecuados para realizar las diligencias de identificación, a estos solos efectos y por el tiempo imprescindible.

• c) ¿Y qué pasa si simplemente me niego a identificarme sin causa justificada? Pues nos podrán imputar una falta prevista en el artículo 634 del Código Penal, que dice: “Los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad o sus agentes, o los desobedecieren levemente, cuando ejerzan sus funciones, serán castigados con la pena de multa de diez a sesenta días.” o incluso de delito se si dieran determinadas circunstancia, según el artículo 556 del Código Penal aunque esto ya es más raro en el ámbito que aquí exponemos.
• PERO OJO. El artículo 495 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal estipula que NO podemos ser detenidos por la comisión de una simple falta a no ser que no tuviesemos domicilio conocido.

Muy bien, pero ¿el policía tiene alguna obligación en esta materia? SÍ. Para empezar los elementos que comentabamos en 1º. Pero además, según el artículo 21 del Real Decreto 1484/1987, de 4 de diciembre, sobre normas generales relativas a escalas, categorías, personal facultativo y técnico, uniformes, distintivos y armamento del Cuerpo Nacional de Policía, están obligados a identificarse de dos formas:

Si van uniformados deben llevar el número de placa en la parte superior derecha del uniforme, y además deben exhibir su carnet profesional si un ciudadano así lo requiere. Esto es lo que dice literalmente este artículo “Los funcionarios que realizan servicio de uniforme acreditarán su condición de Agentes de la Autoridad con el mismo. No obstante, llevarán obligatoriamente el carné profesional, que será exhibido cuando sean requeridos para identificarse por los ciudadanos, con motivo de sus actuaciones policiales.”.

Por tanto, en resumen:

• ¿Estoy obligado a identificarme? Sí, si no se trata de una identificación arbitraria o abusiva. El problema estará luego en interpretar si cada caso concreto era o no arbitrario. En cualquier caso, debe existir un motivo aparente para la identificación.

• ¿Y si no me identifico o no llevo identificación? Pueden llevarte a dependencias policiales para identificarte por otros medios, siempre y cuando se haga esto para impedir la comisión de un delito o falta o para sancionar una infracción.

• ¿Puedo solicitar la identificación al policía? Sí. Te deben mostrar tanto la placa que llevan en el uniforme como su carnet profesional. De hecho, primero deberían identificarse y luego solicitar la identificación del ciudadano. No hay ningún problema en apuntarte sus datos, deben permitirte hacerlo.

Lectura recomendada: Operativa en la práctica de la identificación policial, por el Alférez Jesús González Gutiérrez.

Los pecados del Vaticano

JUAN ARIAS 18/08/2011

Me ha causado un cierto estupor saber que se han colocado cientos de confesionarios en el parque del Retiro de Madrid con motivo de la visita del papa Benedicto XVI.

La jerarquía católica debería pedir perdón a la humanidad por sus ofensas a la doctrina predicada por Jesús

La Iglesia prefiere la teología de la cruz en vez de la teología de la felicidad, que era la que predicaba Jesús

Es el mismo estupor que me causaban los confesionarios colocados en las fábricas de Polonia por el sindicalista Lech Walesa. Son esos confesionarios los que, con razón, indignan a los indignados, mientras a ellos tratan de impedirles que confiesen su indignación.

El Papa, que tendría que encarnar la figura de Pedro, el pobre pescador de Galilea, como obispo de Roma, debería recordar al viajar a Madrid que el apóstol llegó a Roma perseguido y que fue crucificado como el Maestro. No tuvo honores de jefe de Estado, ni salvas de cañón, ni papamóvil, ni fue escoltado por los guardias romanos; y fue enterrado al morir en un cementerio común. El Vaticano se construyó más tarde, y sobre él pesa un rosario de pecados.

No sé de qué se confesarán los miles de jóvenes que se arrodillarán en los confesionarios improvisados del Retiro, aunque puedo imaginármelo, ya que la Iglesia inyecta en los jóvenes católicos la obsesión por el sexo más que por la justicia o por la libertad. Pero sí sé, por haberlo vivido de cerca, los pecados de los que el Papa y sus seguidores vaticanos, recibidos con honores de reyes con un presupuesto de millones de euros pagados por los españoles en crisis, podrían y deberían confesar.

El Vaticano, el minúsculo Estado enclavado en Italia, regalo de Mussolini al Papa a cambio de los votos de los católicos al fascismo, es la mayor anomalía e irreverencia para aquel Jesús que decía que "no tenía donde reclinar la cabeza", que rechazó ser coronado rey y que murió en la ignominia de la cruz. La prerrogativa de jefe de Estado otorgada al Papa de Roma es un pecado contra los evangelios.

Las oscuras finanzas vaticanas, su Banco del IOR que estuvo tristemente implicado en escándalos de corrupción, su vinculación con mafias y masonerías heterodoxas que dejaron un reguero de cadáveres de por medio y a monseñores huyendo perseguidos por la justicia, son otros pecados todavía sin confesar y sin penitencia,

El ocultamiento de los ya tristemente casos de pedofilia del clero en todo el mundo, porque la Iglesia se avergonzaba de aceptar lo que hicieron los suyos e intentó ocultarlo durante años, es un pecado aún sin arrepentimiento y sin confesión abierta. Es un pecado tan grande que el pacífico profeta de Nazareth llegó a pedir para él la pena de muerte. Pedía que al que abusara de un menor "se le colgase una rueda de molino al cuello y se le arrojase al mar".

La imposibilidad de la mujer de acceder al sacerdocio -la más persistente discriminación femenina en el mundo de las democracias- es un verdadero pecado contra el mismo Cristo, que se rodeó de mujeres durante su vida apostólica, que se le apareció después de muerto a una mujer antes que a Pedro y a los otros apóstoles y que en las primeras comunidades creadas después de su muerte para conti-nuar su mensaje eran, también ellas, sacerdotisas y obispas.

Otro pecado del Vaticano es su terquedad en seguir manteniendo obligatorio el celibato sacerdotal a pesar de todos los escándalos de abusos de menores por parte del clero, y a pesar de que los apóstoles, y seguramente el mismo Jesús, estaban casados, como lo estaban los primeros papas y los obispos de los primeros siglos de la Iglesia, a los que solo se les pedía dar buen ejemplo conformándose con una sola mujer.

Así como también es pecado condenar todo tipo de sexualidad que no esté directamente encaminada a la procreación, cuando Jesús nunca habló de pecados contra el sexo.

Sí, en cambio, habló y gritó contra los que oprimen a los pobres, contra los sacerdotes hipócritas que predican una cosa y la contradicen después con su vida y contra los poderes y tiranías de la tierra. Llamó "zorra" al emperador Herodes. Y fue víctima del poder romano que lo condenó a muerte sin pruebas.

Son pecados todas las exhortaciones del Vaticano contra el derecho de la mujer de decidir en conciencia sobre su maternidad.

Es pecado defender la doctrina del infierno eterno ya que, como dicen los teólogos más iluminados y modernos, o existe Dios o existe el infierno. Juntos no pueden existir, porque ni el padre más brutal y vengativo sería capaz de condenar a un hijo a un castigo eterno sin posibilidad de retorno. El infierno sería la mejor prueba de la no existencia de Dios.

Cada vez que el Vaticano se opone a los avances de la ciencia que liberan al hombre de sus servidumbres, desde el uso de las células madre al derecho a morir con dignidad, peca contra la vida y contra el derecho a la libertad del ser humano.

Y como fueron pecados la Inquisición y las Cruzadas, lo son también hoy la cacería desatada contra teólogos que no razonan como el Vaticano, cacería de la que fue artífice el actual Pontífice desde su puesto de presidente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, heredera de la antigua Inquisición.

Es pecado condenar a los que se empeñan en resucitar las palabras duras del Evangelio y en apoyar los abusos perpetrados por la Iglesia contra las conciencias.

Una de las frases más misteriosas y oscuras del Evangelio es la pronunciada por Jesús cuando afirma: "Dejad que los muertos entierren a sus muertos". A él le interesaban los vivos más que los muertos. Pero al Vaticano parece dolerle la felicidad de los vivos, prefiere el dolor, el sacrificio, la abnegación, el martirio, la muerte, es decir, la teología de la cruz en vez de la teología de la felicidad que era la que predicó hasta la saciedad el profeta maldito, que no soportaba el dolor y por eso "curaba a todos". Y multiplicaba no solo el pan para saciar el hambre de los pobres sino el vino para no arruinar la fiesta de unas bodas. Jesús no fue ningún asceta, ni predicó nunca el dolor como terapia de la fe.

El gran pecado del Vaticano, de esa Iglesia oficial que no acaba de liberarse del poder temporal que no le corresponde, es su miedo a que los hombres sean felices, porque es la felicidad, y no la angustia ni el sufrimiento, lo que terminará por hacer libres a las mujeres y a los hombres. De ese pecado debería no solo confesarse, sino pedir perdón a toda la humanidad.

El paro, la crisis y las falacias neoliberales

20 Agosto 2011 | Categorías: Trabajo |

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC.

La tasa de aumento del desempleo

En el análisis del desempleo hay que considerar dos conceptos que son distintos pero que en general se confunden. Uno es la tasa de aumento de desempleo, y otro, diferente, es la tasa de desempleo. Los economistas neoliberales subrayan que el aumento del desempleo se debe a las rigideces del mercado laboral y a la excesiva influencia y poder de los sindicatos en las negociaciones colectivas. Es importante subrayar que esta tesis no es sostenible, basándonos en la abundante evidencia empírica existente en la literatura científica. Así, cuando analizamos la evolución del desempleo en la mayoría de países de la OCDE (el club de países más ricos del mundo) vemos que el país en el que más ha descendido su desempleo ha sido Alemania, y ello a pesar de la enorme reducción de su Producto Interior Bruto, consecuencia de la disminución de sus exportaciones resultado de la recesión mundial. Al estar la economía alemana muy orientada hacia las exportaciones, tal reducción de la demanda internacional creó una gran crisis económica en el país. Sin embargo, el desempleo continuó bajando. Y ello fue en gran parte resultado de la elevada regulación del mercado de trabajo alemán y de la participación de los trabajadores y sus sindicatos en la gestión de las empresas, a través del sistema conocido como cogestión. Debido a ello la manera en que las empresas respondieron a la disminución de la demanda de bienes y servicios, resultado de la recesión, fue reduciendo las horas de trabajo de cada trabajador en lugar de reducir el número de trabajadores. El 40% de las empresas alemanas disminuyeron las horas de trabajo como respuesta a la crisis.

En el otro extremo vemos que los países que durante la crisis aumentaron más su desempleo (su tasa de aumento de desempleo fue mayor) fueron Irlanda y Estados Unidos, además de España, que son los países que tienen mercados de trabajo más desregulados (es más fácil despedir a los trabajadores por parte del empresario) y donde los sindicatos son más débiles. Es lógico que si el empresario puede despedir al trabajador en momentos de reducción de la demanda de sus productos, lo haga, y con ello la tasa de crecimiento del desempleo aumente. Creerse que la persona a la que se despide va a poder encontrar trabajo, asume erróneamente que existe abundante oferta de trabajo, lo cual no es cierto, pues una característica de la recesión es la disminución de puestos de trabajo.

Esta evidencia muestra claramente el error, cuando no la falsedad, de las tesis neoliberales que han estado incluidas en la reforma laboral aprobada por el gobierno Zapatero y que, sin lugar a duda, el Partido Popular continuaría en caso de que ganara las próximas elecciones.

La tasa de desempleo

La otra tasa es la tasa de desempleo, que se debe primordialmente a que no existe suficiente producción de empleo. En el caso español ésta es la mayor causa de su elevado desempleo y también de la enorme variabilidad en la creación y destrucción de empleo. Una de las raíces del problema que nunca aparece en los medios de información económica es precisamente el escaso desarrollo del sector público en España. Aquí, de nuevo, los economistas neoliberales consideran al sector público sobredimensionado, atribuyendo el escaso crecimiento económico a un supuesto sector público hipertrofiado. Los datos, sin embargo, muestran de nuevo el error, sino falacia, de tal postura.

El porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios públicos del estado del bienestar, tales como sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios domiciliarios a las personas con dependencia, servicios sociales, entre otros, representa sólo un 9%, un porcentaje mucho más bajo que el promedio de la UE-15 que es un 15% y, mucho, mucho, más bajo que Suecia que es casi el 25%. En otras palabras, 1 de cada 4 suecos adultos trabaja en su estado del bienestar. En España no llegamos ni a uno de cada diez. En realidad, si tuviéramos el mismo porcentaje de la población adulta que Suecia trabajando en el estado del bienestar español, habría 5 millones más de puestos de trabajo de los actuales. En realidad, no tendríamos desempleo pues ahora el paro alcanza casi los 5 millones de personas.

¿Por qué no se hace?

Para contestar a esta pregunta es importante ver qué está pasando en los países PIGS (que en inglés quiere decir cerdos) que incluyen, además de España, Portugal, Grecia e Irlanda. Todos estos países están ahora en una crisis profunda.

Estos países tienen en común el haber estado gobernados por dictaduras fascistas o fascistoides (España, Portugal y Grecia) o por gobiernos autoritarios de ultraderecha (Irlanda). Como consecuencia de ello las políticas fiscales de sus estados son sumamente regresivas, la manera técnica de decir que los súper-ricos, los ricos, y las rentas profesionales altas no pagan impuestos, o pagan impuestos muy bajos. De ahí que los ingresos al estado sean muy bajos. Así, España, tales ingresos representan aproximadamente un 34% del PIB, mucho más bajo que la UE-15, 44%, y mucho, mucho más bajo que Suecia, 52%. Si tuviéramos la misma política fiscal que Suecia y tuviéramos el mismo nivel de ingresos que aquel país, el estado español (tanto central, como autonómico y municipal) ingresaría 200.000 millones de euros más de los que ingresa ahora, con lo cual se podría reducir el déficit y crear los 5 millones de puestos de trabajo necesarios para eliminar el déficit social de España con el promedio de la UE-15.

¿Por qué no se hace la reforma fiscal?

El lector se hará la pregunta de por qué el estado español no recoge este dinero. Y la respuesta es fácil de ver cuando se mira quién paga impuestos en España. Un trabajador de la SEAT paga actualmente en impuestos un cantidad que representa el 74% de los impuestos que paga un trabajador de VOLVO en Suecia. En realidad, la mayoría de trabajadores que están en nómina ya paga unos impuestos comparables a los de sus homólogos de la UE-15 aunque ligeramente inferiores a los que pagan sus homólogos en Suecia.

Pero si miramos los impuestos que pagan los súper ricos (el 1% de renta superior del país) vemos que en España pagan solo el 20% de lo que pagan sus homólogos en Suecia. Puede verse entonces que son las rentas superiores las que no están contribuyendo al estado en la medida que sus homólogos lo hacen en el centro y norte de Europa. Es lo que solía llamarse poder de clase que ahora ha dejado de utilizarse en las culturas políticas y mediáticas dominantes al asumir erróneamente que las clases, así como la lucha de clases, habían ya desaparecido. El dominio de las fuerzas conservadoras y liberales sobre el estado y la adaptación de las izquierdas al teorema neoliberal ha llevado a esta situación, que se ha ido acentuando todavía más con las bajadas de impuestos que han favorecido sobre todo al 20% de renta superior del país. Esta bajada de impuestos que ha ido tomando lugar en los últimos quince años, ha sido la causa del déficit estructural del estado español, que permaneció oculto detrás de la burbuja inmobiliaria, que al conllevar un crecimiento de la economía supuso un incremento de los ingresos al estado, pero cuando la burbuja inmobiliaria estalló, apareció con toda crudeza este déficit estructural. No es cierto que este déficit haya sido causado por un aumento del gasto público, tal como neoliberales (como Xavier Sala-i-Martín) han estado repitiendo. Este déficit ha sido causado por la reducción de impuestos, llevada a cabo en los últimos quince años.

La polarización de las rentas como causa de la crisis

Lo que hemos estado viendo estos años ha sido una disminución muy marcada de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta nacional. Este fenómeno, que ha ocurrido en toda la eurozona, ha sido particularmente acentuado en España. Ello es consecuencia de que la productividad ha aumentado más que los salarios en contra de lo que constantemente se está indicando. Ello explica que las rentas del capital hayan aumentado a costa de la disminución de las rentas del trabajo.

Esta reducción de las rentas del trabajo ha creado un problema de demanda pues las clases populares han perdido capacidad adquisitiva que han intentado paliar endeudándose, permitiendo mantener un alto nivel de demanda que estimuló el crecimiento económico. Ahora bien, este crecimiento fue relativamente menor, lo cual forzó un intento de estimular esa demanda mediante la reducción de los intereses bancarios. Es importante que se subraye este punto porque constantemente se presenta esta disminución de intereses bancarios como causa del boom inmobiliario, cuando en realidad esta reducción de intereses está motivado por un deseo de mantener, e incluso incrementar, una demanda que estaba disminuyendo.

La reducción de las rentas del trabajo significó un incremento de las rentas del capital. El problema que tenía la gente súper rica y rica es que no iba a invertir en la economía productiva real, pues la rentabilidad en este sector era baja, resultado de la escasa demanda. Los ricos, y sus bancos, no iban a invertir en compañías de producción de coches, por ejemplo, cuando no hay una gran demanda del sector. Invirtieron en su lugar en actividades especulativas, entre ellas en el sector inmobiliario creándose el complejo bancario-inmobiliario-industria de la construcción que fue el motor del crecimiento económico durante los últimos veinte años. Estas actividades especulativas llevaron a una situación insostenible, puesto que los precios estaban muy por encima (de un 30 a un 40%) de los que deberían haberse definido según las reglas del mercado. Esto creó una explosión de la burbuja que paralizó al sector financiero y con ello la disponibilidad de crédito. Es vergonzoso que ni la agencia reguladora, el Banco de España, ni los grandes bancos en el país hayan sido llevados a los tribunales por su incompetencia en el primer caso y prácticas especulativas en el segundo. Nos encontramos en esta situación con un problema de falta de demanda por un lado y falta de crédito por el otro, lo cual lleva a esta crisis profunda, tanto económica como financiera.

La respuesta a la crisis

Ante este enorme problema de demanda y endeudamiento en el sector privado, es enormemente importante y urgente que el estado intervenga para llenar este vacío y a través del aumento del gasto público, invirtiendo sobre todo en crear empleo, a fin de que se cree una demanda. Por otra parte es importante que el estado intervenga para garantizar el crédito con el establecimiento de bancas públicas. Las políticas que se están siguiendo por parte del gobierno Zapatero así como por parte del Partido Popular son totalmente contraproducentes y se están utilizando precisamente para llevar a cabo las políticas que la banca y la gran patronal siempre han deseado, tales como desregular el mercado de trabajo y reducir el estado del bienestar.

Políticas alternativas

El discurso neoliberal que se ha expandido en Europa y en España es que no hay alternativa a estas políticas neoliberales y algunos sectores de izquierdas han aceptado ese diagnóstico señalando que un país solo no puede seguir políticas alternativas, utilizando siempre el ejemplo del gobierno Mitterrand, como el perenne punto de referencia. El hecho de que este mensaje neoliberal haya calado en la ciudadanía se debe también a la complicidad de los medios de comunicación que han centrado el debate en cómo recortar el gasto público, en lugar de cómo aumentar los ingresos al estado. Pero están profundamente equivocados. Por cada recorte que el gobierno está realizando hay otra medida alternativa, de ingresos al estado, que prevendría el tener que hacer recortes. Así, en lugar de congelación de las pensiones (1.530 millones de euros en 2011) se podrían haber revertido las reducciones de impuestos con lo cual se podría haber conseguido 30.000 millones de euros extra.

Consecuencias políticas

La gran impopularidad de estas políticas está conllevando el enorme declive del PSOE en España, declive que era totalmente predecible, viendo lo que ha ocurrido en otros países en los que la socialdemocracia ha seguido políticas semejantes, tales como el Nuevo Laborismo de Gran Bretaña o la socialdemocracia alemana de Schröder o incluso el Partido Socialista francés, así como las izquierdas italianas. Es un insulto a la inteligencia de los votantes socialistas creer que un mero cambio de personas en la dirección del partido socialista, personas además responsables de tales políticas, vaya a significar un efecto movilizador de las bases de aquel partido. No son las personas, sino las políticas que promueven, las que son impopulares. De ahí mi alegría del surgimiento del movimiento de los indignados que, como movimiento radical, va a la raíz del problema de España que es su limitadísima democracia. La democracia española resultado de una Transición inmodélica se hizo en términos excesivamente favorables a las fuerzas conservadoras. No puede ser que en un país en que la suma de los partidos de izquierda haya sido, en la mayoría de las elecciones legislativas, mayor que los partidos de derecha, España continúe estando a la cola de gasto público social por habitante entre los países de la UE-15. Y tampoco es tolerable que el ataque frontal más agudo en contra del estado del bienestar se haga bajo el argumento de que lo ordenan los mercados financieros a quién nadie ha votado o elegido. Esto lo considero indignante.

Artículo publicado en Le Monde diplomatique